Cátedra de Filosofía del Derecho

Tuesday, October 10, 2006

EL PRINCIPIO DE INOCENCIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL CHILENO
Y SU PERCEPCION POR LA COMUNIDAD


Yessica Aedo Cárcamo
Filosofía del Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.ç
Universidad de Concepción


Introducción


Una de las garantías básicas que establece el nuevo sistema procesal penal chileno y prácticamente todos los ordenamientos jurídicos actuales, es el principio de inocencia, el cual aparece hoy en día como uno de los pilares fundamentales de un estado de derecho y de un país que respeta el debido proceso y los derechos esenciales de toda persona humana sin distinción alguna. Mas este notable principio, recorrido por los Tratados Internaciones sobre derechos Humanos, y directa o indirectamente en las Constituciones de los Estados democráticos, no ha tenido una favorable recepción por nuestra comunidad, pues se le atribuye a éste y en forma general al nuevo sistema procesal penal el aumento de los delitos, la inseguridad de la población, y tantas otras consecuencias, se le imputa la característica de ser de demasiado pro delincuentes, pero la comunidad en cierto modo ignora la verdadera importancia que tiene el principio de inocencia, desconoce el gran esfuerzo que ha significado para la persona llegar a introducir este principio en la norma positiva fundamental de nuestro ordenamiento y en las declaraciones universales e internacionales sobre los derechos de la persona humana. Son los autores los que primero se dan cuenta de las arbitrariedades cometidas por los soberanos, se percatan de la desigualdad e inferioridad en que se encuentra el individuo frente al poder del Estado. Así pues la presunción de inocencia nace como una reacción ante los abusos y excesos amparados por el procedimiento penal antiguo, en que el sospechoso era tenido como culpable con todas las consecuencias que ello implica hasta el final del proceso. Entonces lo que la presunción de inocencia quiere significar que al imputado no se debe considerar culpable mientras no se dicte condena jurídica definitiva.

El principio de inocencia en el sistema procesal penal chileno y su percepción por la comunidad

El principio de inocencia es una de las garantías procesales más importantes establecidas en el nuevo proceso penal chileno. Los autores se han referido a él como la obligación del Estado de dar trato de inocente a la persona mientras no se dicte sentencia condenatoria, así señala Julio Maier que “uno de los contenidos de la presunción o principios de inocencia consiste en el llamado trato de inocente, es decir la obligación del estado de tratar al imputado como si fuera inocente reduciendo las limitaciones, perturbaciones o detrimentos en sus derechos, al numero indispensable para el cumplimiento de los fines del proceso”.

Sin embargo nuestra sociedad está aun aferrada al sistema penal inquisitivo, en que el principio de inocencia no gozaba de mayor importancia, por no decir no tenía importancia, ya que por el solo hecho de iniciarse una investigación en contra de una persona se le consideraba culpable, sin esperar el resultado de la investigación y como consecuencia de ésta la dictación de la correspondiente sentencia. Era esta la costumbre de nuestra comunidad, entonces hoy nos surge la inquietud con este nuevo sistema, en que sólo excepcionalmente y por razones fundadas procede la privación de libertad durante el proceso, pues la persona tiene derecho a permanecer en libertad hasta el momento de la sentencia que efectivamente haya de imponer una condena que en el caso concreto signifique su privación.

Con todo es común escuchar en la opinión pública, expresada a través de los medios de comunicación, hablar de la llamada “puerta giratoria” en que los “delincuentes” son apresados por la policía o carabineros y los jueces los liberan de inmediato y no toman los resguardos para mantenerlos privados de libertad, sin importar si son efectivamente responsables o no, como sí ocurría con el antiguo sistema en que la prisión preventiva procedía, por regla general, frecuentemente, y además sin límite de tiempo por lo que una persona podía pasar años privada de su libertad sin saber siquiera la razón. La comunidad habitualmente ataca con vehemencia al nuevo sistema procesal penal y a todos las que intervienen en él haciéndolos responsables de esta especie de impunidad de los delincuentes; pero en realidad el tema de la delincuencia es mucho más complejo y no depende del sistema penal su erradicación, sino de otras ramas de la sociedad, así por ejemplo, de la educación, del trabajo, como lo señalaremos más adelante.

Previamente a iniciar el análisis de la cuestión, desarrollaremos que se entiende por inocencia, trataremos de aproximarnos a un concepto de lo que usualmente se entiende por inocencia. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Inocencia (del latín innocentia) viene a significar 1.- Estado del alma limpia de culpa. 2.- Exención de culpa en un delito o en una mala acción. 3.-Candor, simplicidad, sencillez. Primeramente, inocencia es el estado del alma limpia de culpa, y la culpa es toda falta, delito, pecado.

Por tanto podemos decir que la inocencia denota la idea de un alma limpia de todo delito, falta, pecado. Entonces al plantearse como norma o idea fundamental que rige el pensamiento jurídico en materia penal la inocencia, es decir, principio de inocencia, partimos del supuesto de que todas las personas sin ninguna distinción estamos libres de culpa. Esto es un gran avance para la persona humana pues le permite obrar en confianza en el mundo jurídico, sin temor a tener que ser ella a quién corresponda demostrar que su alma es limpia, pura de delito o falta, pues como es de su esencia ser sociable, el actuar con temor restringe su libertad. No se concibe, por tanto, una sociedad donde todas las personas, a cada momento tengan que demostrar su inocencia. Examinando más allá en este principio, se reconoce que cada ser humano es puro en su esencia que busca su mayor satisfacción realizando variados actos que pueden producir consecuencias favorables para él. Pero siendo estos actos favorables para él, esto no significa que sea favorable para las personas que conviven con él en el mundo. El ser humano como ser social forma parte la sociedad, donde sus conductas pueden producir consecuencias favorables, que son las que él busca, pero a la vez puede traerle resultados que no lo son, que pueden corresponder a hechos sancionados por la comunidad como reprochables, donde éste reproche puede provenir de la moral o del derecho.

Podríamos entonces preguntarnos, la inocencia del ser humano la concede el ordenamiento jurídico o por el contrario esta es de la esencia de la persona. La respuesta pareciera ser, de acuerdo a nuestras normas que las personas son inocentes mientras no realicen algún hecho tipificado en la ley como delito o más aún mientras no se dicte una sentencia que declare la culpabilidad, por tanto la inocencia de la persona vendría dada por el derecho pues mientras no se contraríe, la persona será inocente. Siguiendo esta idea señalaremos el artículo 4 del código procesal penal el cual prescribe, “presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”.

Aunque tampoco es errado deducir de esta norma que la inocencia la posee la persona como parte de su esencia y lo que busca el legislador es como dice Maier es darle un trato de inocente, que no es lo mismo que tener un alma limpia de delito, como por ejemplo un niño que hurta un dulce en un supermercado y resulta no ser condenado por ser inimputable, entonces este pequeño es inocente sólo por no ser condenado o igualmente pese a no serlo es igualmente su alma no pura. De acuerdo a lo señalado por Carlos Soria en "El laberinto informativo: una salida ética “la presunción de inocencia salvaguarda el honor de toda persona acusada en los dos niveles diferentes a los que siempre se manifiesta el honor. Se salvaguarda el honor en sentido esencial - que tanto tiene que ver con dignidad de la persona y que jamás puede perderse, cualesquiera que sean los actos que el sujeto haya cometido. Y se salvaguarda el honor en sentido existencial porque, hasta el momento en que quede probado su comportamiento antiético, la verdad de su vida es la inocencia".

Para cerrar esta idea podemos decir que la inocencia la tiene la persona en su esencia por el hecho de ser tal y que es deber del ordenamiento jurídico reconocer esta inocencia para reivindicar la dignidad humana tan vulnerada por el antiguo sistema inquisitivo y para proteger al individuo del poder del Estado.

La comunidad, es decir, cada una de las personas que la componen ignoran esta realidad y se niegan a aceptarla. Es por ello que para luchar con esta ignorancia se ha revelado este principio en diversas declaraciones de derechos humanos, que señalan, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Pero si bien en nuestro país se acepta actualmente este principio, es necesario indagar en forma breve como nace éste y como es que se instaura en nuestro sistema procesal penal actual. De acuerdo a lo señalado por Juan Javier Jara Müller, “podemos encontrar antecedentes del principio de inocencia en el derecho romano, especialmente influido por el Cristianismo, este se vio invertido por las prácticas inquisitivas de la baja Edad Media. Es solo en la Edad Moderna que autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria, por nombrar algunos, reafirman este principio”. Esbozo de este principio, ya de manera más concreta, esta en el Artículo 9° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el cual, a decir de Antonio Magalhaes Gomes, este precepto tiene un doble significado. Por un lado establece un “derecho natural, inalienable y sagrado del hombre”, a que se le presuma su inocencia, y por otro como “principio que impide la adopción de medidas restrictivas a la libertad personal...” Agrega además este autor que éste texto es una reacción a un sistema procesal represivo, cuya máxima expresión fue la institución de la tortura. Es este uno de los antecedentes más antiguos del principio en estudio, que aunque con escasa repercusión en los textos positivos de la época, si fue recogido por los autores con especial atención de entre los que destaca Giovanni Carmignani, profesor de Universidad de Pisa, quien en sus “Elmenta iuris criminales” expresa, “como es mas frecuente que los hombres se abstengan de delinquir, la ley consagra para todos los ciudadanos la presunción de inocencia“. Pero también hubieron, en esta etapa de nacimiento del mencionado principio, detractores entre quienes se encuentra Raffaelle Garofalo para quien “la presunción más razonable es la de culpabilidad, ya que en la mayoría de los casos la calificación es anticipada por la opinión pública y el reo ya comparece al juicio con mayores probabilidades de ser condenado, en fin, no se debe presumir la inocencia del acusado ni declararlo culpable, él es lo que es: imputato (imputado).

Más recientemente ha sido la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas mediante el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, la que ha recogido con mayor detalle ciertas garantías a favor de las personas que sean acusadas de un delito, entre estas garantías el principio de inocencia.

En nuestro continente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también recoge tan importante principio en términos similares a la anterior. Luego en Iberoamérica se da un paso aun más importante, cual es, la reforma al sistema penal dominante de corte inquisorial introducido en nuestro continente por los colonizadores Españoles y Portugueses. Punto culmine de este ánimo reformista fue en primer lugar la creación del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y como obra de éste, el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica. Este gran logro hacia la reforma fue también motivado por la democratización de casi todos los países de Iberoamérica al término de la década de los ochenta y por la ayuda internacional para la transformación de los sistemas judiciales. Así nuestro país logra la transformación de su sistema judicial en forma parcial a contar de diciembre del año 2000 con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y de la reforma procesal penal, en que el principio de inocencia va ha jugar un rol fundamental como resguardo de la dignidad de la persona humana frente al poder del Estado. Si bien esta reforma, como toda obra del ser humano, no alcanza su perfección, no es menos cierto que constituye un gran avance en relación con las garantías de la persona del imputado y con en principio de inocencia que estamos tratando, en comparación con el sistema de represión criminal existente bajo la vigencia del antiguo código de procedimiento penal. Pero este avance a que hacemos mención, no es por todos aceptados pues se acusa al sistema de ser el responsable de la inusitada violencia y aumento de los ilícitos por parte de los integrantes de la sociedad, el común de la gente asimila estos dos temas, sistema judicial y delincuencia, los relaciona como causa y efecto, pero no nos cabe duda que esto no es así, pues los factores criminológicos derivan de otros agentes como lo son el desempleo, la desigualdad, la educación, las drogas, entre tantos otros.

En razón de los tratados sobre derechos humanos de que ya hemos hablado y que han sido ratificados por Chile, se modifica nuestra carta fundamental agregando un nuevo inciso al artículo quinto, el cual señala “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Si bien nuestra constitución no hace referencia en forma expresa a este principio como sí ocurre en otros constituciones de estados americanos, por este inciso tiene consagración constitucional y aplicación directa en todo nuestro ordenamiento jurídico, pues como ya es de nuestro conocimiento la constitución es la norma jurídica jerárquicamente superior de todo nuestro ordenamiento jurídico.

Es por ello que el código procesal penal recoge este estado jurídico de inocencia, explícitamente en su artículo 4°, en los términos que pasan a indicarse “Ninguna persona será culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”. De acuerdo a esta disposición a toda persona que se le impute la comisión de un delito, es inocente, y tratada como inocente, mientras no se dicte una sentencia firme. Por lo tanto no debe a un inocente perturbársele sus derechos y libertades mientras los jueces a quienes les corresponde su juzgamiento no adquieran la convicción por los medios de prueba que establece la ley que la persona es culpable y así lo señale en la correspondiente sentencia.

Este principio produce varios efectos que le son favorables a la persona que tenga la calidad de imputado, a saber: La eliminación de todas las formas de prejuzgamiento judicial que impliquen detrimentos provisionales respecto de la persona del imputado; la aplicación de cualquier medida cautelar personal es excepcional y la normativa que la consagra tiene que ser interpretada con cuidado para no caer en situaciones de verdadera integración, vedada para la ley procesal penal; la imposición de medidas cautelares debe ser dispuesta siempre por orden del juez de garantía, a petición del fiscal o del querellante y procederán bajo determinadas circunstancias establecidas taxativamente en la ley; la carga de la prueba en el proceso recae en el fiscal, por lo cual la persona no debe probar su inocencia; y también, la supresión del arraigo de pleno derecho.

Lo antes dicho nos deja claro que en nuestro ordenamiento jurídico jamás se puede pasar por alto el principio de inocencia, pues sólo en situaciones muy excepcionales procede en contra de la persona del imputado, medidas que atenten o limiten este principio, pero jamás vulnerarlo en su esencia, pues si así ocurriere dicha norma sería inconstitucional. Por lo anterior todo cambio o reforma al sistema actual tendiente a limitar esta garantía, o incluso más, derecho fundamental de la persona debe ser estudiada con sumo cuidado, ya que importaría perder todo el avance logrado hasta ahora en favor de la dignidad de la persona humana. No obstante la importancia fundamental que tiene este principio, no es incompatible con la aplicación de medidas cautelares, esto es medidas restrictivas o privativas de libertad personal, adoptados por el órgano competente, que es el juez de garantía mientras se tramita el proceso, y fundadas en derecho, basadas en un juicio de racionalidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias del caso concurrentes, como asimismo aplicando los principios de la instrumentalidad, la proporcionalidad y la provisionalidad de ellas, con la única finalidad de asegurar los fines del proceso.

Toda cuestión en contrario podría implicar un retroceso, así se presenta el problema con respecto a las causales por las cuales proceden las medidas antes aludidas, principalmente tratándose de lo que debemos entender por peligro para la seguridad de la sociedad. Para ello, el legislador ha establecido algunas circunstancias que son herramientas para que el Juez pueda determinar o no la procedencia de la prisión preventiva, como, la gravedad de la pena asignada al delito, la existencia de procesos pendientes o que en la comisión del ilícito se haya actuado en grupo o pandillas. Pero en ningún caso son imposiciones de la ley al juez, sino solo pautas para guiar su decisión. Incorporar estas pautas fue el objeto de la reforma al código procesal penal de la ley 20.074 del 14 de noviembre de 2005.

Ahora con el objeto de recalcar aun más la importancia del principio en estudio señalaremos que en Chile hasta antes de la entrada en vigencia del nuevo código procesal penal inspirado en el principio de la inocencia aproximadamente la mitad de la población penal recluida en las cárceles chilenas estaba en prisión preventiva y que además dicha prisión era habitual que se prolongara por meses o años sin mencionar que existían delitos inexcarcelables todo esto atentaba contra la esencia de la persona en virtud de un supuesto fin superior que en la actualidad es inconcebible con los derechos esenciales de la persona humana. Es esta realidad la que debe ser informada a la comunidad para que esta tome real conciencia de que el principio de inocencia es una garantía para todos y no solo para la persona del imputado, puesto que el imputado puede ser cualquier persona la cual puede o no ser el verdadero responsable del ilícito, contra la cual exista una acusación por parte del Estado y es por ello que debe contar con las herramientas para defenderse de esta desigual contienda, entre el Ministerio Publico y la persona del imputado. Así nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho “que el Ministerio Público es el titular exclusivo de la investigación y es quién sustenta y ejerce la acción penal pública, según lo establece el artículo 77 del Código Procesal Penal. Estamos por tanto, frente a un co-detentor de la potestad punitiva del Estado, lo cual amenaza siempre desbordar frente a un imputado que aparece en una posición de desigualdad ante ese formidable adversario, y debe por ello ser protegido por las instancias más elevadas de la organización jurídica mediante la garantía de un procedimiento estrictamente formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento equilibrado y, sobre todo, capaz de preservar la presunción de inocencia que constituye el instrumento básico para su defensa” Claramente la parte más débil de esta contienda es la persona del imputado, entonces debe ser la ley la que le de las herramientas apropiadas para defenderse de este adversario, pues generalmente será este último el que tenga el control de todo el aparataje investigativo, por ejemplo la policía, los medios para realizar pruebas periciales, como asimismo el prestigio y respeto por parte de los miembros de la sociedad y la herramienta más adecuada es el principio de inocencia.

Otro punto de importancia para resaltar porque debe existir este principio, lo encontramos en la presencia de las llamadas presunciones de culpabilidad que ciertas leyes establecen, como por ejemplo el artículo 450 del Código Penal. Estamos aquí frente a un conflicto pero de clara solución, pues siguiendo nuestros planteamientos, el principio de inocencia es de la esencia de la persona, por lo cual estas presunciones son claramente contrarias a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país y actualmente vigentes. La única forma de romper con el principio de inocencia es a través de pruebas claras que establezcan la responsabilidad del imputado por medio de las cuales el juez adquiera la convicción de que el acusado es responsable del delito que se le imputa. Frente a esta situación a que se refiere el artículo 450 del código penal nuestros tribunales actuales han resuelto totalmente ajustado a derecho que en el caso de “los delitos de robo en lugar habitado se castigaran como consumados desde que se encuentran el grado de tentativa, es abiertamente atentatorio a los derechos inalienables del ser humano por imputar al individuo a través de una ficción legal la comisión de un ilícito en términos distintos de aquel que efectivamente se realizó dando por consumado lo que en los hechos fue frustrado o tentado, situación que vulnera además, un pilar básico del nuevo proceso penal como es la presunción de inocencia que exige probar efectivamente la responsabilidad de la persona”. Esto nos confirma que en nuestro país el principio de inocencia es plenamente aplicado por nuestros nuevos tribunales orales.

Ahora bien tratándose de los delitos flagrantes, antiguamente algunos autores señalaron que en este caso era recomendable que se excluyeran de la presunción de inocencia, también tratándose de los reincidentes, ya que este principio sólo era aplicable a las personas honestas. Pero de acuerdo a lo que hemos esbozado no sería posible actualmente dejar de aplicar este principio tan elemental ni siquiera en caso de delito flagrante, pues sólo puede ser condenada una persona por sentencia condenatoria firme, que se funde en pruebas lícitamente obtenidas y practicadas con las debidas garantías procesales, que contengan suficientes elementos inculpatorios respecto a la participación del imputado en los hechos delictivos sometidos a la resolución del tribunal, que formen la convicción en este ultimo sobre la responsabilidad del acusado del delito.

Recordemos además que el principio de inocencia no sólo tiene valor dentro del proceso sino que también extra procesalmente, efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la presunción de inocencia puede ser violada no sólo por el Juez o una Corte, sino también por otra autoridad pública”. Así la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”. Esto denota aún más la gran dimensión que tiene este principio, que trasciende en ámbito procesal

Conclusión

Ciertamente el principio de inocencia se trata de una cuestión compleja, pues la reforma a nuestro sistema procesal penal introduce instituciones desconocidas a las que culturalmente no estamos acostumbrados. También está en juego una aspiración que legitimante tenemos todos los miembros de esta comunidad, cual es, la de vivir y crecer en una ciudad, en un país seguro, sin temor a ser objeto de algún acto delictivo, violento, dañoso, etc.

Pero no debemos desconocer la real dimensión ética y fundamental que importa la existencia de este gran principio de inocencia, la garantía más importante de todos las garantías del nuevo sistema penal, reconocida universalmente por las distintas declaraciones que hemos mencionado, tales como las Convenciones Internacionales, las legislaciones internas nacionales, todas reconocen esta calidad jurídica de la persona, esto es el mayor grado que probabilidades de ser declarado inocente que de ser culpado de un hecho punible, reflejo de la condición natural que en el ámbito moral tiene el hombre, a realizar actos que no importen un daño para los demás, y que es su íntegro respeto del orden pues su proceder es guiado por la recta razón.

Sin embargo nos gustaría poder afirmar que estas aseveraciones, además de ser respetadas por los textos positivos, con algunas imperfecciones como todo lo humano, son una verdad material en el terreno práctico, pero no lo podemos hacer pues si bien el principio existe, no podemos asegurar que sea efectivamente aplicado y respetado a lo largo de la vida.


Bibliografía

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Jara Müller Juan Javier. “Principio de inocencia, el estado jurídico de inocencia del imputado en el modelo garantista del proceso penal”. Becario del Programa de Colaboración Docente Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile. Agosto de 1999.