Cátedra de Filosofía del Derecho

Tuesday, October 10, 2006

LA DUDA RAZONABLE



Paula Loyola Domínguez
Filosofia del Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Concepción


INTRODUCCIÓN

A continuación se hará un breve análisis de esta institución tan novedosa como la “duda razonable”, introducida en el marco de la reforma procesal penal.

Debemos señalar que el presente trabajo ha sido planteado en forma bastante ambiciosa. Explicar este elemento tan subjetivo como la “duda razonable” no ha sido tarea fácil, por cuanto el mismo Código Procesal Penal que lo establece no lo define y esto no es menor si pensamos que su existencia decide en el caso concreto si un sujeto es condenado o absuelto.

Es así como se ha encargado la doctrina de caracterizar a esta institución y lo que veremos a continuación serán sus opiniones y qué han dicho los tribunales al respecto en sus sentencias


CONTENIDO

¿Qué es la duda razonable?

Debemos entender como duda razonable, “aquella duda basada en la razón, la lógica y el sentido común que permanezca después de la consideración completa, justa y racional de toda la prueba. No podría ser una duda vaga, especulativa o imaginaria…”1 dado que el Código Procesal Penal (en adelante CPP) dice que “Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley” (Art.340 inciso 1º)

En los anteproyectos del CPP no se establecía la actual exigencia de duda razonable, sino que se exigía al tribunal que al juzgar “hubiere adquirido la convicción” de que se hubiere cometido un hecho punible. Luego la convicción exigida debía ser “suficiente”, y la comisión mixta eliminó el concepto de “suficiente convicción” y estableció el de “convicción más allá de toda duda razonable”

Señala el profesor Nahum que "la Comisión Mixta tuvo presente que el estándar de convicción más allá de toda duda razonable es propio de derecho anglosajón, y no del europeo continental, por lo que resulta una novedad también para el ordenamiento jurídico chileno. Sin embargo, es un concepto útil, toda vez que está suficientemente decantado y elimina las discusiones relativas al grado de convicción que se requiere, dejando en evidencia que no se trata de una convicción absoluta, sino de aquella que excluya las dudas más importantes".2

Diferimos de la opinión de este autor ya que “utilidad” del concepto no es efectiva y así se prueba al verificarse discusión jurisprudencial respecto a la convicción que debe tener el juez, no sólo en cuanto a la comisión del hecho punible sino además de la participación del imputado en él. Sobre este punto nos referiremos más adelante.

La sentencia de la Corte Suprema del 9 de agosto de 2005 dijo en lo pertinente que “el planteamiento de supresión de toda duda resulta inaplicable, pues hay dudas posibles que son aceptables, es decir, con las cuales podemos condenar, a diferencia de otras que por su importancia y magnitud impiden tal decisión. Dentro de esta categoría de dudas posibles podríamos poner en primer lugar a los "cabos sueltos", esto es, elementos de información que no resultan plenamente coherentes con la versión de los hechos de la acusación y que no aparecen plenamente explicados en el juicio, pero que se pueden atribuir a defectos de percepción, a errores u otras causas de aquellas que hacen que normalmente la mayor parte de las actividades humanas sean imperfectas.” (Considerando séptimo)

En jurisprudencia más reciente se señala que “esta duda no es más que la indeterminación del ánimo del sentenciador entre dos juicios o dos decisiones, suspensión de ánimo y espíritu, indefinición de juicio ajustado a la razón, cuestión que en este caso aconteció.”3

“La falta de convicción puede deberse a insuficiencia de la prueba rendida por el órgano acusador o bien al surgimiento de “dudas serias, relevantes y concretas”, relacionadas con hechos trascendentes y que tienen su base en los conocimientos científicamente afianzados, reglas de la lógica formal y máximas de la experiencia.”4

Asimismo se señala que “el estándar de convicción de condena aludido exige una certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación, es decir, aquella certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón. Siendo duda razonable una duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos en el caso...” 5 Cómo ya se señaló, este estándar de duda razonable habría sido tomado del sistema que rige en Estados Unidos, y es así como la jurisprudencia norteamericana define a la duda razonable como: “El estándar de prueba usado para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de un delito. Para ser culpable de un delito se debe probar que uno es culpable más allá de una duda razonable…Duda razonable es una duda que llevaría a las personas prudentes a dudar antes de actuar en materias de importancia para ellos mismos. Es duda basada en evidencia o en falta de evidencia…”.

El artículo 340 inciso 1º constituye una regla que reduce notablemente los requerimientos del antiguo sistema penal basado en la prueba legal o tasada, a la que expresamente se refería el artículo 456 bis6 del Código de Procedimiento Penal y donde la exigencia de reconstitución de la verdad histórica requería para el juez que investigaba suprimir cualquier forma de duda por medio de pruebas que, previamente enumeradas y reguladas, fueran capaces de lograr un estado de absoluta certeza, pudiendo entonces decretar las diligencias que estimare necesarias para ello.
Hoy, en cambio, se ha pretendido establecer lo que debiera ser el estándar de convicción de un sistema procesal penal en un genuino Estado Democrático de Derecho. En un sistema acusatorio, como el que actualmente contempla nuestro CPP, el juez sólo juzga basándose en las pruebas que le presenten las partes. Por tanto son las partes las que tienen la carga de ofrecer al tribunal todos los medios de prueba que obren a favor de su posición, y logren el estándar de convicción necesario en el juez. Es el Ministerio Público quien debe probar la existencia de un delito y debe entregar los elementos de prueba que permitan al tribunal, fuera de toda duda razonable, que la persona es culpable del ilícito y si no lo puede hacer el juez debe declarar su inocencia.

Pero ¿es justo que se deje sin castigo a una persona por asistirle al juez una duda respecto de la comisión del delito o de la participación en él de la persona juzgada?

Como ha señalado una sentencia “la duda razonable como obstáculo de la convicción judicial debe tener una entidad tal que genere en el tribunal un estado de indeterminación entre dos decisiones, situación de indefinición que ha sido introducida por un argumento o demostración y que no le permite salir de aquel estado airosamente, sino optando por la decisión que parece más adecuada con su íntimo parecer, esto es la absolución.”7

También nos parece importante mencionar una sentencia en que se plantea la cuestión respecto de la convicción necesaria para condenar, y reconociendo que no ha sido resuelto por la ley, se recurre a la opinión de Julio Maier, quien señala que: “la exigencia de que la sentencia de condena, por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la presunción de inocencia, construida por la ley, que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o la probabilidad, impide la condena...”. Este autor, ahondando en su argumentación señala que: “quien aprecia los elementos de prueba puede, sin embargo, adoptar posiciones diferentes respecto de la verdad: puede convencerse de que la ha alcanzado, tiene la certeza de que su reconstrucción es correcta; se inclina a admitir que ha alcanzado la verdad, en un grado menor que el anterior, pues los elementos que lo afirman en esa posición superan a otros que la rechazan, hábiles sin embargo para evitar su convicción total de haber elaborado un juicio correcto, sin errores, afirma sólo la probabilidad de que su reconstrucción es acertada; por último, comprende que no conoce la verdad, pues los elementos que afirman algo se balancean con los que niegan, la duda es absoluta...”. Frente a esos tres estados: certeza, probabilidad y duda, el maestro Maier nos dice, de modo categórico, que: “sólo la certeza positiva permite condenar y que los demás estados del juzgador respecto de la verdad remiten a la absolución, como consecuencia del in dubio pro reo”8


¿Cuál es el fundamento de la existencia de la “duda razonable”?

Francesco Carnelutti señala que el duelo que llamamos proceso penal, a la vez que aspira a la certeza, encarna la duda. El juicio penal supone el enfrentamiento de dos versiones. Las pruebas deberían conducir a aceptar una versión y a desechar la otra. Pero como ello no siempre ocurre así porque las pruebas rendidas no permiten formar una convicción condenatoria el juez debe absolver por aplicación de la máxima: en la duda a favor del imputado. En el mismo sentido Enrique Cury sostiene: “Cuando de la prueba reunida en el juicio penal no resulta la absoluta certeza de que el sujeto ha incurrido en un hecho punible, el procesado debe ser absuelto, porque la duda favorece al reo”.

La Excma. Corte Suprema también ha dicho que “la sola factibilidad de la duda para condenar importa necesariamente la absolución del acusado…” (Excma. Corte Suprema, fallo de recurso de nulidad de fecha 2 de julio de 2003, Rol Nº 1743-03).9

Además “la justificación de este estándar hay que buscarla precisamente en su naturaleza atenuadora o moderadora de la imperfección del proceso penal. Si estamos de acuerdo que el enjuiciamiento penal nos enfrenta en algunas ocasiones a la peor de sus “miserias”: la condena de un inocente, se puede comprender que la duda razonable, constituyendo en sí misma una garantía procesal, tiene la virtualidad de disminuir la ocurrencia de errores judiciales. La duda razonable, en último término, es el instituto procesal a través del cual se vivifica la presunción de inocencia”10 establecida en el artículo 4º del CPP: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”.


CONCLUSIÓN

Cómo se ha podido observar no ha sido fácil plantear la cuestión de la duda razonable. El Código se limitó a introducir el patrón anglosajón sin resolver la problemática de qué debe entenderse por tal. Nos parece criticable en una materia tan fundamental como la que nos convoca, pero entendemos que será el juez, frente a las pruebas del caso, quien determinará si concurre en él esta duda de tanta importancia, de manera tal que a cualquier juzgador enfrentado a los mismos antecedentes llegaría también a la absolución, y sin que esto implique una denegación de justicia, sino una aseguramiento a la garantía de defensa y debido proceso que le asisten a todo imputado.

Culminaremos este análisis citando la sentencia de 24 de marzo de 2005, del tribunal de juicio oral en lo penal de Antofagasta, que señaló:

“Frente a quienes tengan el temor que el estándar propuesto pueda resultar inalcanzable debemos replicar, ahora citando al profesor Raúl Washington Abalos, quien nos indica, apoyándose en un fallo de una Cámara Criminal de la República Argentina, que: “si pretendiésemos que la certeza en materia criminal se estableciera siempre mediante la percepción inmediata y simple de la verdad, en una palabra, conforme a la unidad objetiva de su contenido; si quisiésemos que hubiese ausencia absoluta de razones negativas en la certeza... es necesario entonces renunciar a la gran misión de la justicia punitiva, pues sería en extremo difícil hallar un caso que autorizara a imponerle castigo al delincuente. En materia criminal no es a esa especie de certeza a la que debe referirse el convencimiento judicial pues no se exige la ausencia absoluta de motivos divergentes....” Continúa, ahora citando a Mittermayer, que: “la certeza es el estado del entendimiento que tiene los hechos por verdaderos después de rechazar victoriosamente todos los motivos contrarios, o desde que éstos no pueden destruir el conjunto imponente de los motivos afirmativos”.


BIBLIOGRAFÍA

Sitio web oficial Defensoría Penal Pública www.defensoríapenal.cl, en especial el artículo “Consideraciones Del Nuevo Sistema Procesal Referentes A Las Labores De La Defensa Penal”, del defensor regional Francisco Nehme, publicado el 27 de marzo de 2004 en el diario Chañarcillo; y el artículo “La Duda Razonable”, del asesor jurídico de la Defensoría de la 2ª región Ignacio Barrientos, publicado en El Mercurio de Antofagasta.
Núñez Catalán, Marcia, Tesis “Recurso de Nulidad y Valoración de la Prueba”, Escuela de Derecho, Universidad Católica de Temuco, páginas 26 a 29
Nahum Anuch, Roberto, “El Sistema Probatorio del Código Procesal Penal”en Gaceta Jurídica Nº 247 de 2001.
Revista Procesal Penal Nº 46 de abril de 2006, Nº 45 de marzo de 2006 y Nº 33 de marzo de 2005.

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