Cátedra de Filosofía del Derecho

Tuesday, October 10, 2006

LA PENA DE MUERTE


Francisco Larenas
Filosofía del Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Concepción


A Manera de Introducción.

La presente exposición tiene por objeto traer a colación un tópico de sumo interés filosófico, teológico y moral, cual es el derecho del Estado de dar muerte a algunos de sus ciudadanos en virtud de una sentencia judicial.

En Chile, con la publicación de la ley 19734, el 5 de junio de 2001, parece haberse puesto fin a una vieja controversia. Sin embargo, la pena de muerte es aun hoy una realidad en muchos Estados. Más aun, no menos del 63 % de la población mundial vive hoy bajo la amenaza de la pena capital, y la causa de dicha condena puede ir desde los comprensibles robo u homicidio, hasta las prácticas religiosas subversivas, que nos parecen poco lesivas.

El autor pide desde ya comprensión al lector, puesto que habrá numerosas citas a textos bíblicos y a autores cristianos. Para quienes somos católicos y descendemos de hombres que derramaron su sangre en las batallas por la Reconquista de la península, la Conquista del Nuevo Mundo y de los valientes que no claudicaron en sus convicciones realistas cuando se estableció la República Chilena y que supieron perder; para los que nos sentimos miembros de una sociedad de corte cristiano, occidental e hispánico, nos resulta muy difícil abordar temas del orden moral abstrayéndonos de esta muy rica tradición bimilenaria.


La Situación Actual.

Hasta 1978, toda la Europa occidental, salvo Francia, España e Irlanda, habían abolido la pena de muerte. España la abolió en 1978, Francia en 1981, e Irlanda en 1988, para ser aceptada como miembro de la Unión Europea. También toda la Europa del Este, excepto Albania, tenían vigente la pena de muerte hasta 1990. Desde 2000 en adelante, estas naciones comenzaron un rápido proceso de adaptación de muchas de sus instituciones jurídicas para ser admitidos a la UE, entre las cuales figuraba la supresión de la pena capital.

En Canadá, México, Brasil e Israel, por nombrar algunos, las ejecuciones están legalmente prohibidas, pero la pena capital aún existe en China, Filipinas, India, Irán, Japón, EEUU, Rusia, Cuba y muchos otros Estados.

En el ámbito sudamericano, Venezuela fue el primer país en abolir la pena capital. Hoy sólo la mantiene Guyana. En Centroamérica Continental, Guatemala es también el único Estado en que se encuentra vigente la pena de muerte.

En Asia la pena de muerte es algo casi cotidiano. China ejecutó más de tres mil personas en 2004, no sólo por delitos “de sangre” ni políticos, sino también por delitos asociados a corrupción administrativa. En Corea del Norte aun son frecuentes las ejecuciones por razones políticas. Singapur cuelga a los condenados por delitos de narcotráfico, y presenta la tasa de ejecuciones más alta del mundo: 70 ejecutados en un país de sólo 4 millones de habitantes. En el ámbito islámico, la pena de muerte suele ejecutarse mediante ahorcamiento y se vincula con delitos como la apostasía, adulterio o sodomía.

Así, para un total mundial estimado de seis mil millones de personas, y sólo sobre la base de una selección de naciones que aún mantienen la pena de muerte, podemos expresar la siguiente tabla:


País Habitantes (en millones) Porcentaje (sobre el total mundial)
China 1300 21,6666667
India 1100 18,3333333
EE.UU. 280 4,66666667
Indonesia 230 3,83333333
Rusia 150 2,5
Pakistán 140 2,33333333
Japón 130 2,16666667
Vietnam 80 1,33333333
Egipto 74 1,23333333
Irán 70 1,16666667
Congo (ex Zaire) 61 1,01666667
Myanmar (ex Birmania) 48 0,8
Sudán 38 0,63333333
Arabia 25 0,41666667
Irak 24 0,4
Siria 20 0,33333333
Camboya 13 0,21666667
Cuba 12 0,00002
Libia 6 0,1
Líbano 4 0,06666667
Singapur 4 0,06666667
Mongolia 3 0,05
Total seleccionados 3812 63,5333333
Total mundial 6000 100


Esto significa que casi dos tercios de la población mundial viven bajo la amenaza de la pena de muerte y la causa puede ir desde el robo, el homicidio, el adulterio, hasta los más variopintos delitos o faltas.


Evolución del Pensamiento frente a la Pena de Muerte.

En el mundo antiguo, el derecho sobre la vida y la muerte no se limitaba al poder público, sino que también el padre de familia gozaba de este derecho sobre sus hijos, su mujer y sus esclavos. Pareciera que en un comienzo la pena de muerte era una prerrogativa del jefe de las células primarias de la sociedad, como la familia, el clan o la tribu. Pero en la medida en que se constituía una autoridad por encima de las células primarias, como por ejemplo la Ciudad o el Estado, el poder sobre la vida y la muerte se va transfiriendo, poco a poco, a los poderes públicos. Así, en Roma, el pater familia va perdiendo su derecho sobre la vida y la muerte de los integrantes de su familia, a medida que se va consolidando y organizando la República y el Imperio Romano.

En los primeros cuatro siglos de nuestra era encontramos un rechazo a la pena de muerte por parte de los cristianos. Tertuliano escribe que “por lo que se refiere al poder estatal, el siervo de Dios no debe pronunciar sentencias capitales”.

Lactancio (241-320) mantiene que “cuando Dios prohibe matar se refiere no sólo al asesinato para robar, sino también al hecho de que no se debe matar ni siquiera en los casos en que los hombres lo consideran justo”.

San Cipriano mártir (200-258) hizo la afirmación irónica de “un asesinato cometido por un particular es un crimen, pero realizado en nombre del Estado es una virtud”.

San Agustín (354-430) es ambivalente, ya que por una parte sostiene que nadie puede arrogarse el derecho de Dios, Señor único de la vida, pero por otra parte defiende el poder del juez para dictar la pena capital a los reos de determinados crímenes.

En los siglos posteriores todavía se encuentra una tendencia a rechazar la pena de muerte como derecho del Estado. Así, la carta del Papa Nicolás I (+867) a los búlgaros (año 866) pide que se salve de la muerte no sólo a los inocentes sino también a los criminales, ya que Cristo ha salvado a todos de la muerte.

El siglo XIII es decisivo. El Papa Inocencio III (1161-1216) en su carta a los valdenses (1210) establece: “De la potestad secular afirmamos que sin pecado mortal puede ejercer juicio de sangre, con tal que para inferir la vindicta no proceda con odio, sino por juicio; no incautamente, sino con consejo”.

Santo Tomás de Aquino (1225-1274) recoge esta doctrina, y a la pregunta de si es lícito matar a los hombres pecadores, responde: “Si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida, por la conservación del bien común. El hombre, pecando, se separa del orden de la razón; y por esto se separa de la dignidad humana, esto es, según que el hombre es naturalmente libre y existente para sí mismo; y cae en cierto modo en la esclavitud de las bestias, de modo que se disponga de él por utilidad de los demás”. Sin embargo, Tomás puntualiza que este derecho corresponde tan sólo a la autoridad pública que tiene el cuidado del bien común. La influencia del pensamiento tomista fue enorme.

Entre los reformadores, Lutero (1483-1546) llega a afirmar que es Dios mismo quien ahorca, venga y decapita cuando lo hace la autoridad legítima, porque dicha autoridad ha recibido por disposición divina el ministerio de la espada; aunque recomienda la benignidad de un amor razonable.

Recién en el siglo XVIII hubo un ataque serio contra la pena de muerte, con la obra de César Beccaria (1738-1794) intitulada “Dei Deliti e della Pene” (“Del Delito y de las Penas”), publicada en 1764. En la obra rechazaba la afirmación de que la pena de muerte era un derecho del Estado. Su obra fue puesta en el Índice de libros prohibidos por decreto del Santo Oficio en 1766. La tesis de Beccaria, que describiremos más adelante, causó mucho revuelo entre los intelectuales de la época.

En 1777, Voltaire se convierte a la tesis abolicionista. Kant, sin embargo, considera tales argumentos como “un sentimentalismo compasivo nacido de un falso respeto a la dignidad humana”. Hegel sigue las tesis de Kant.

Con el siglo XIX, se inicia un nuevo movimiento abolicionista, pero a diferencia del siglo XVIII, los abolicionistas tratan de estudiar el problema lo más objetivamente posible y al margen de todo sentimentalismo.

No obstante, en la encíclica Casti Connubi (1930) de Pío XI encontramos todavía la aceptación de la tesis del derecho del Estado a aplicar la pena de muerte cuando se establece que “los públicos magistrados no tienen potestad directa sobre los miembros de sus súbditos; luego, ni por razones eugénicas, ni por otra causa alguna podrán jamás atentar o dañar a la integridad misma del cuerpo, donde no mediara culpa alguna ni motivo de castigo”.

El teólogo y moralista contemporáneo Leandro Rossi (1933-2003) llega a la siguiente conclusión después de revisar brevemente el pensamiento oficial de la Iglesia relacionado con la pena de muerte: “La Iglesia no ha condenado nunca el uso de la pena de muerte por parte de los Estados, ni siquiera después de que la opinión pública la juzgara una violencia ejercida por la sociedad sobre el individuo; por el contrario, históricamente ha sostenido el derecho de la autoridad pública a aplicar la pena capital. Algunos autores observan que la Iglesia nunca ha aplicado la pena de muerte, sino sencillamente tolerado al “brazo secular” pronunciar y ejecutar la pena de muerte en el caso de los herejes obstinados. Pero el cuidadoso examen de los procedimientos de la Inquisición convence de que la Iglesia, si bien jamás ha pronunciado la sentencia de pena de muerte para los herejes obstinados, no puede decirse extraña a su ejecución, porque el que realiza un acto con la previsión de que indefectiblemente tendrá un efecto determinado, no puede dejar de querer este último”.

En estos últimos años, la presencia de las dictaduras de izquierda o derecha y las sucesivas olas de terrorismo han significado un serio retroceso al movimiento abolicionista de comienzos del siglo XX. Aún más, en el presente vivimos una etapa de ejecuciones por razones políticas: exterminio del pueblo armenio por Turquía, purga de millones de rusos y ucranianos por Stalin, fusilamientos masivos por parte de ambos bandos en la guerra civil española, cinco millones de judíos en las cámaras de gas alemanas, criminales de guerra condenados a la horca en Alemania y Japón por tribunales compuestos exclusivamente de vencedores, quince millones de ejecutados en China, treinta y cinco mil condenados al paredón en Cuba, tres o cuatro mil en Chile, al menos medio millón en Camboya a la retirada de las fuerzas norteamericanas, etc. En este contexto sangriento creemos precisa una palabra de la Iglesia.



Postura Actual de la Iglesia.

Por muchos siglos la Iglesia no cuestionó la validez de la pena capital ni el derecho del Estado a aplicarla, pero hoy son muchos los cristianos y católicos que piden la abolición de la pena de muerte y solicitan a la jerarquía de la Iglesia que la rechace.

Consideramos como ambigua la actual postura de la Iglesia. Por una parte no se ha negado oficialmente la pena de muerte, aunque siempre se ha insistido en que sea la autoridad legítima la que pueda ejercerla y que haya garantías de verdadera justicia. Pero por otra parte, se insiste y se apela a la misericordia de los jueces y de los jefes de Estado a favor de la vida del condenado.

No deja de ser sorprendente el silencio del Concilio Vaticano II y el de los últimos papas sobre la pena de muerte. Llega a ser significativo, puesto que en ese mismo lapso de tiempo se ha puesto tanto énfasis en el respeto a los derechos humanos y al derecho a la vida, claro que relacionado con otros temas.

La Conferencia Episcopal de Francia elaboró un documento en 1978, donde señala algunos elementos que han influido en la postura favorable de la Iglesia respecto a la pena de muerte:

El pensamiento de la Iglesia está necesariamente influenciado por el contexto cultural y social de cada época. Ahora bien, puesto que el derecho del Estado a ejercer la pena de muerte ha sido aceptado sin cuestionamiento durante largos siglos, es explicable la postura de la Iglesia.

Anteriormente, la vida humana era más precaria que en nuestros días, siendo la muerte más familiar. Entonces se aceptaba con mayor facilidad la muerte para uno mismo y para los demás, como también para los criminales.

Además, la expresión cultural de la fe no consideraba la muerte como el fracaso absoluto, sino como un camino hacia la “otra vida”. De manera que era más importante insistir en la “buena muerte” del criminal que en su derecho a la vida.

También imperaba la primacía del alma en relación con el cuerpo, considerando a éste como “medio”. De modo que en caso de conflicto entre los bienes corporales y los fines espirituales (la vida de un criminal y la paz de la ciudad), era lo espiritual lo que primaba.

Por último, se reconocía el carácter sagrado de los poderes públicos como una delegación divina en el príncipe para el bien común de la sociedad.

Pero hoy en día existe una sensibilidad distinta y encontramos:

Un rechazo a la visión dualista del hombre, en consonancia con el pensamiento bíblico. Se considera al hombre como una totalidad, de modo que una amenaza para la vida corporal es también una amenaza para la persona misma.

Una mayor convicción de que sólo Dios es el dueño de la vida, junto con una búsqueda constante para mejorar la calidad de vida y no tan sólo preservar la vida.

Un mayor aprecio por la dignidad inviolable de la persona humana, siendo la “persona” del criminal más importante que el criminal.

Es interesante notar que esta nueva sensibilidad ha sido tomada en cuenta por algunas Conferencias Episcopales que han tratado explícitamente sobre la pena de muerte, pero esta postura no es unánime entre las Conferencias: la Conferencia Episcopal chilena no se pronunció en 1982 ni en 1985, cuando fueron ejecutadas cuatro personas condenadas a muerte por fusilamiento, ni en 2001 cuando se promulgó la ley 19734.



Apoyo en las Sagradas Escrituras.


Los partidarios de la pena de muerte, como también los abolicionistas, recurren a la Sagrada Escritura para fundamentar su opción. Desafortunadamente se suele apelar a alguna cita sin aclarar su ubicación en el contexto. Lo cierto es que el Antiguo Testamento la prescribe en forma expresa y el Nuevo Testamento la presupone como práctica corriente.

La ley mosaica prescribe: “Pero el que se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar le arrancarás para matarle” (Ex. 21, 14). En el Antiguo Testamento la pena capital se aplica por razones de idolatría, blasfemia, profanación del sábado, pecados contra los padres y adulterio.

La cita del Nuevo Testamento que aducen los partidarios de la pena de muerte para fundamentar el derecho del Estado o del poder público sobre la vida de los ciudadanos es: “Los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. Obra el bien y obtendrás elogios; pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva la espada, es un servidor de Dios para hacer justicia” (Rom 13, 1-4). Este texto se ha interpretado como principio del origen divino del poder, suponiendo que sea legítimo y ejercido para el bien.

No tenemos constancia de que Jesús se haya pronunciado explícitamente contra la pena capital, pero sí existe una serie de actitudes que Jesús recalcó durante su ministerio. La misericordia y el perdón son actitudes claves en la vida de Jesús. “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados” (Lc 6, 36-38). En la Biblia resuenan las palabras: “Habrá más alegría por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión”. En el caso de la mujer adúltera, Jesús toma claramente una posición contra la pena de muerte: “Vete y no peques más”. Según la ley mosaica, esa mujer merecía la pena capital, pero Jesús va contra esta sentencia, perdona y rehabilita a la persona (Jn 8, 11).

De lo expresado, queda claro que el apoyo en la Biblia no se deberá limitar a encontrar un texto apropiado en concordancia con una postura sobre el tema. Es preciso comprender el contexto, ubicarlo en su tiempo y entender que para el pueblo hebreo lo importante no era la seguridad de la ciudad contra el criminal sino la fidelidad a Yavé y que por eso se castigaban sobre todo la blasfemia, la idolatría y el sacrilegio. De hecho, estos criterios se aplicaban para el adulterio y a nadie hoy se le ocurriría apelar al Antiguo Testamento para fundamentar la introducción de la pena de muerte en caso del adulterio.

Creemos que es muy difícil acudir a la Biblia para fundamentar una opción favorable a la pena de muerte.



Síntesis de las argumentaciones.


En la literatura contemporánea, los defensores y detractores de la pena de muerte están empeñados en una discusión sobre el sentido o sin sentido de su aplicación.

Los partidarios de la pena de muerte presentan tradicionalmente cuatro argumentos principales para justificar su postura:

Expiación, satisfacción, compensación, retribución: es decir, al máximo delito corresponde la máxima pena.

Ejemplaridad social, intimidación: la pena capital tiene un poder disuasivo sobre otros para no cometer ciertos delitos.

Defensa de la sociedad: la sociedad tiene derecho a defenderse de los criminales.

Enmienda: se presupone la finalidad de arrepentimiento del condenado por su delito.

El primer argumento es rechazado por la tesis de que la muerte del criminal no repara nada, que es volver a la ley del talión, y que es una incoherencia por cuanto se defiende el derecho a la vida de la víctima con un homicidio (del acusado).

El segundo argumento es quizá el más discutido. No se ha podido determinar una correspondencia entre la pena de muerte y una disminución de la criminalidad. Se dice que así se reduce a la persona a un simple “medio” para algo: que su muerte sirva de ejemplo. Dicen que el fin de la ejemplaridad social debería plantearse al revés: el respeto por la vida se confirma con la conservación de la vida del criminal. Se agrega que en naciones con alta criminalidad y que ejecutan personas a menudo, los índices de crimen no han descendido en lo absoluto (EE.UU. parece ser el ejemplo más patente).

Los detractores de la pena de muerte responden al tercer argumento con la siguiente tesis: “la sociedad tiene, en efecto, derecho a defenderse; pero no todo medio es lícito, especialmente cuando existen otros medios”. Agregan que el criminal puede perfectamente aislarse de la sociedad en la cárcel, pues no es su existencia un peligro para la sociedad, sino su actividad. Por lo tanto, lo eficaz es neutralizar su actuar, no su existencia, a través de un aislamiento rehabilitador.

El cuarto argumento es rebatido con la siguiente teoría: la muerte no implica enmienda ni corrección alguna, porque la muerte es definitiva. La condena a muerte no sana al culpable sino que simplemente lo elimina. La pena capital no es medicinal, sólo vengativa.

Además de estas respuestas, el marqués Beccaria ofreció los siguientes argumentos:

Es inútil, porque la muerte del delincuente no favorece a nadie ni repara nada.

Es inmoral, ya que la sociedad se pone al mismo nivel del criminal y mata por venganza, con la posibilidad de un error judicial irreparable.

Es innecesaria, dado que es posible, y basta con, recluir al delincuente.

Es pesimista, porque prefiere una solución tajante en vez de utilizar los medios para ayudar a su regeneración, ya que el mal sólo se elimina curando al delincuente.

Es injusta, porque la sociedad no es capaz de reconocer los frutos de su violencia, competitividad y consumismo.

Es anticristiana, porque no es consecuente con la proclamación y la creencia de que todo hombre es imagen de Dios aun siendo pecador, como tampoco es coherente con la actitud de Jesús de perdonar a sus enemigos cuando estaba en la cruz.

Sin embargo, frente a estos argumentos, los partidarios tienen aún respuestas:

El derecho a la vida de la víctima se defiende válidamente con la ejecución del victimario, pues al cometer su delito cree válido el disponer de la vida de los demás: el victimario “muere en su ley”.

La posibilidad del error judicial está siempre, y decir que la sociedad desciende al nivel del delincuente por aplicarle una pena, significaría también objetar la validez de toda pena, incluso los castigos en cárcel o las multas.

No basta con recluir al delincuente, pues la pena de muerte tiene un gran efecto disuasivo.

El condenado a muerte tiene, por lo general, tal ánimo de maldad que no busca su rehabilitación. Se conoce el caso de condenados que piden ser fusilados, aun luego de ser indultados.

Existen condenados que sí se rehabilitan espiritualmente al enfrentarse con el término de su vida terrena.

Es anticristiano e incoherente también que el delincuente haya olvidado respetar los derechos elementales de su víctima, como también es lícito ejecutarlo si él no cree en tales derechos elementales.



El Caso Chileno.


En Chile, el Código Penal de 1874 contemplaba el fusilamiento como la única pena posible para el parricidio, la traición y el robo con homicidio. La modificación introducida por la ley 17.266 (enero de 1970) permite al juez rebajar la sanción capital, con penas que van desde el presidio mayor (10 años) hacia arriba. Hasta 1970, 52 personas fueron ejecutadas. Bajo la vigencia de la ley de 1970, que establecía la no obligatoriedad para un tribunal el dictar esta sentencia, los delitos que “podían” ser castigados con la pena capital son: traición a la patria; sustracción de menores pidiendo rescate o con actos deshonestos, lesiones gravísimas o muerte; parricidio; robo con homicidio y robo con violación.

Desde 1970 se ha aplicado la pena capital en dos ocasiones: Eduardo Villanueva y Gabriel Hernández, miembros del CNI, en octubre de 1982, por los homicidios del Banco del Estado de Calama; y Carlos Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, carabineros, por los homicidios de la Quinta Región en 1985. Así que el total es de 56 personas.

Desde las dos ejecuciones de 1985 y hasta la promulgación de la ley 19734 el día 5 de junio de 2001, no se registraron ejecuciones. Sí conocemos el caso de dos condenas a muerte en la década del 90 que no se consumaron por haber recibido el indulto presidencial. Estos criminales fueron Cupertino Andaur, por robo, homicidio y violación de Víctor Zamorano Jones en Lo Curro, y Juan Zenón Soto Campos, por violación, homicidio e inhumación ilegal de la niña de 4 años Elena Yáñez Roa, en los cerros de Talcahuano.

La ley 19734 reemplazó la pena de muerte por el presidio perpetuo calificado, consistente en la privación de libertad del condenado de por vida, bajo un régimen especial de cumplimiento que se rige por las reglas especiales indicadas en el artículo 32 bis del Código Penal, de las cuales la más relevante es la que indica que “no se podrá conceder la libertad condicional sino una vez transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva”. Creemos que una pena así de prolongada es indeseable, exagerada y que no contribuye a la rehabilitación del condenado, situándose por tanto en el mismo nivel que la pena de muerte.

Nos parece conveniente transcribir íntegramente el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991: “Artículo 4. Derecho a la Vida.

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

“2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

“3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

“4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

“5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

“6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente”.



Una Opinión de Interés.


En 1990, el gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar intentó eliminar la pena de muerte del ordenamiento penal chileno, tanto en el fuero militar como en el fuero común. Teniendo mayoría amplia en la Cámara y en la parte electiva del Senado, su proyecto se rechazó, con el voto uniforme de la oposición y de muchos parlamentarios gobiernistas.

Transcurridas unas pocas semanas luego de recordar los quince años de su alevoso homicidio, llegó a mi poder una fotocopia del discurso del senador Jaime Guzmán Errázuriz (q.e.p.d.) pronunciado en la sesión del Senado del 10 de octubre de 1990. En dicho discurso, el senador Guzmán efectúa una interesante reseña de las argumentaciones tradicionalmente esgrimidas tanto en pro de la abolición como de la mantención de la pena de muerte en el orden jurídico chileno.

Para ilustrar mejor la doctrina chilena que apoyaba la mantención de la pena de muerte cuando los grupos terroristas aun no habían sido reducidos, y considerando que Jaime Guzmán es tenido –aun por sus más enconados rivales políticos – como uno de los más lúcidos e intachables hombres públicos que ha conocido Chile, me permito citar de manera íntegra su discurso:

Señor Presidente, Honorables colegas.

El proyecto de ley que hoy debate el H. Senado, originado en una iniciativa del Presidente de la República, tiende a la abolición total y absoluta de la pena de muerte en Chile. Tal criterio ha prevalecido también en la H. Cámara de Diputados.

Divergiendo de ese parecer, he concurrido al predicamento mayoritario dentro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, que propone mantener la pena de muerte para ciertos delitos de extrema gravedad, en el carácter de pena máxima que el tribunal competente pueda aplicar dentro de una escala, tal cual hoy la contempla nuestro ordenamiento jurídico.

Conocida es la secular polémica en torno a este tema. El mantenimiento o la abolición de la pena capital ha dividido tradicionalmente las opiniones de juristas, moralistas y hasta teólogos. Se trata de un problema conceptualmente complejo y humanitariamente muy delicado.

Intentar siquiera una reseña de esa larga y elevada disputa doctrinaria excedería la naturaleza y las limitaciones de tiempo propias de esta intervención parlamentaria. Sólo aspiro a consignar los fundamentos básicos de mi enfoque personal al respecto.

Para situar adecuadamente el análisis en cuestión, resulta fundamental tener presente que el delito viola el orden jurídico, dañando con ello el orden social. Detrás de la tipificación legal de una acción u omisión como delictiva debe encontrarse siempre algún bien jurídico que la sociedad busca proteger.

Ahora bien, la pena impuesta a quien delinque tiende precisamente a restablecer ese orden jurídico y social quebrantado, a defender los derechos y valores contenidos en los bienes jurídicos que el delito atropella.

En ese concepto general caben las finalidades específicas de las penas que, bajo múltiples formulaciones distintas, se han desarrollado por la ciencia jurídica a lo largo de la historia.

La defensa de la sociedad frente al peligro que representa la conducta delictual de ciertos individuos; el efecto intimidatorio o disuasivo para procurar que un delito no se cometa, no se repita o no se imite; el propósito de favorecer la rehabilitación del delincuente y otros objetivos propios de las penas, son finalidades que éstas persiguen válida y copulativamente.

Sin embargo, ellas adquieren toda su legitimidad y sentido en la perspectiva de que la pena implique un castigo que sea proporcionado al mal que el delito ha inferido al orden jurídico y social. La sanción emerge así como medio necesario para la reafirmación del derecho, otorgando a esta dimensión retributiva el elemento, esencial y distintivo de las penas jurídicas.

En efecto, nadie discute la licitud de que la autoridad encierre a una persona demente, cuyo libre desplazamiento entrañe alta peligrosidad para sus semejantes. Todos concuerdan en lo positivo de someter a quien padece locura o demencia a formas de tratamiento medicinal que le permitan rehabilitarse, superando su enfermedad en la mayor medida posible.

Sin embargo, esas medidas privativas de libertad y rehabilitadoras no son penas y no pueden confundirse con éstas. El derecho penal no se aplica a los dementes precisamente porque sus actos no les son reprochables. Por consiguiente, lo que singulariza a la sanción penal no es la protección física de la sociedad frente a un individuo peligroso, ni la rehabilitación del que atenta contra los integrantes o bienes de la misma sociedad, ya que tales objetivos son igualmente propios para afrontar la acción de un demente.

Formulo tal precisión porque pocas distorsiones pueden ser tan graves como la tendencia de ciertos sectores del pensamiento contemporáneo que, sutil o abiertamente, ponen en duda el libre albedrío del ser humano. En ello advierto una de las mayores amenazas actuales para el orden moral, ya que, si no se asume que, pese a las limitaciones o condicionantes que rodean la existencia del hombre, somos libres para decidir nuestra conducta, se derrumba toda la fuente de nuestra responsabilidad humana y desaparecen los conceptos mismos de derecho y de moral.

La pena se distingue porque conlleva un sufrimiento que la sociedad impone coercitivamente a quien delinque, a fin de que éste expíe su falta. Ello es duro, pero ineludible. Nada lo ilustra en forma más palpable que el natural remordimiento del que se arrepiente de su delito. Es frecuente que personas sobre cuya conciencia humana late el convencimiento de la necesidad de un castigo que purgue el acto ilícito cometido. De este modo, no sólo se restablece el orden jurídico y social sino que el delincuente que recapacita reencuentra muchas veces su paz interior.

Con todo, ese rasgo de sufrimiento obliga a enfrentar la aplicación de toda pena como una dolorosa necesidad y jamás como algo de suyo deseable.

No tiene sentido, por tanto, plantear que alguien sea “partidario” de que a otro ser humano se le imponga un sufrimiento. Cosa muy diferente es aceptarlo como un doloroso imperativo social.

Resulta evidente que toda pena priva a quien la sufre de algún derecho, o al menos le restringe su ejercicio. Así, las penas de prisión afectan gravemente la libertad personal de los condenados. Pero eso no autoriza a sostener que dichas sanciones violan la libertad personal. En cuanto la pena sea justa, ella no vulnera ningún derecho, sino que afecta un derecho de modo lícito y necesario, lo cual es esencialmente diferente.

La afirmación de que la pena de muerte es ilegítima porque ella viola el derecho a la vida envuelve un equívoco. La cuestión debe centrarse, por tanto, en si el derecho a la vida puede o no ser afectado jurídicamente a través de la pena de muerte.

Ante todo, debe prescindirse de cualquier elemento de dolor físico o moral que no sea estrictamente necesario para el objetivo mismo de la pena. Eso implica excluir las sanciones crueles, inhumanas o degradantes, como contrarias a la dignidad del hombre.

La determinación específica sobre si una pena incurre o no en alguno de esos excesos, presenta ciertamente un problema difícil, que en parte depende de la forma en que evoluciona la sensibilidad de los pueblos.

Es efectivo que la pena capital resulta más grave que ninguna otra. Pero, respecto a la dignidad del hombre, hay algo sustancialmente distinto en afrontar el término anticipado y conocido de su existencia temporal, comparado con el escarnio de verse sometido a la infamia pública o seguir viviendo con daños síquicos o físicos irreparables. Esto último puede acarrear al afectado un sufrimiento peor que la muerte. De ahí que muchas personas prefieran morir con dignidad que vivir sin ella.

Estas reflexiones no constituyen el fundamento de la pena capital, ya que ella se le impone al margen de su voluntad. Simplemente apuntan a explicar la aparente paradoja de que quienes creemos inconveniente abolir totalmente dicha pena, coincidimos en el rechazo a otras que no son o aparecen menos drásticas.

En cuanto a la justificación de mantener la pena en debate, ésta deriva de que hay delitos cuya extrema gravedad hace que la sanción proporcionada para ellos pueda llegar a ser la pena capital.

Si nos aproximamos al tema sólo considerando la eventual reincidencia de un delincuente que aparezca especialmente peligroso, pienso que la pena de muerte no se justificaría. Bastarían tal vez al efecto prisiones de alta seguridad.

Diferente es el juicio si enfocamos la materia desde la perspectiva de la defensa y protección de la sociedad frente a todos los potenciales delincuentes, que es la razón de ser predominante de las penas y del carácter retributivo que les es esencial.

Con ese prisma hay delitos que pueden merecer la pena capital. Deseo ser explícito para señalar que ese es el argumento fundamental y por sí mismo suficiente que me lleva a propiciar que se mantenga la pena de muerte respecto de los gravísimos delitos en que así lo propone la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Asimismo, debe tenerse presente que la aplicación de la pena capital en Chile se encuentra acertada y cuidadosamente regulada, al menos para la justicia en tiempos de paz.

En efecto, cuatro son las principales exigencias que concurren a lo expuesto.

En primer lugar, la pena de muerte nunca está contemplada como pena única para un determinado delito. En los casos en que ella contempla, reviste el carácter de pena máxima dentro de una escala que incluye otras penas menos graves que el tribunal puede aplicar al mismo delito. Así, sólo se llega a la condena a muerte cuando, además de la comisión de un delito muy grave, éste se lleva a cabo en circunstancias que confieren al acto delictivo correspondiente un signo de especialísima maldad.

En segundo término, no se puede decretar la pena capital por presunciones.

En tercer lugar, dicha pena requiere el acuerdo unánime del tribunal colegiado que la decreta. Basta el voto en contra de un magistrado para que se aplique la pena inmediatamente inferior, esto es, el presidio perpetuo.

Finalmente, en el evento de que se pronuncie la condena a muerte por la unanimidad del tribunal correspondiente, sus miembros proceden a deliberar en conciencia acerca de si –más allá de lo estrictamente jurídico y considerando todos los factores éticos y humanitarios envueltos – el condenado es o no digno de clemencia. El resultado de esa deliberación se envía al Presidente de la República para que éste lo pondere al resolver sobre el indulto correspondiente.

Tocante a la justicia militar de tiempo de guerra, el proyecto de la Comisión pertinente del Senado sugiere que también se exija el requisito de la unanimidad del Consejo de Guerra para dictar una condena a muerte. Asimismo, propone que dicha judicatura sólo opere en caso de guerra externa y no en el de guerra interna, por la peculiar naturaleza que caracteriza a esta última.

El realismo indica que la hipotética supresión de la pena de muerte en caso de guerra externa, aun para los delitos más graves que atentan contra la patria o las operaciones bélicas, como la traición, el espionaje o el sabotaje, sólo favorecería que se procediese de hecho contra los culpables, más allá de toda juridicidad.

Sin perjuicio de lo antes expresado, señor Presidente, deseo hacerme cargo de tres objeciones que formulan a la pena capital, desde la perspectiva de su efecto disuasivo, del error judicial y de la rehabilitación del condenado.

No hay ninguna estadística que pueda medir exacta ni cabalmente la eficacia disuasiva de una pena. Saber cómo habría actuado una persona si en la misma época y sociedad hubiese regido una legislación diferente a la que imperaba, trasciende la previsibilidad humana. Toda estadística al respecto adolecerá inevitablemente de esa falencia.

El caso del terrorismo resulta particularmente ilustrativo. Se afirma que a los terroristas no les preocupa la gravedad de las penas porque aspiran a presentarse como héroes. Admitiendo que ello fuese válido para los exponentes más fanatizados y comprometidos de los grupos terroristas, tal realidad dista de ser aplicable a quienes son convocados a incorporarse –o a acrecentar su participación – en las vastas redes que supone el terrorismo. El sentido común nos hace nítido que para estas personas no puede ser indiferente la mayor o menor gravedad de las penas a que su acción terrorista pudiera exponerlos.

Otra argumentación muy repetida para propiciar la abolición de la pena capital apunta a su carácter irreversible, cuya especial delicadeza se hace patente ante la hipótesis del error judicial.

Confieso que dicha observación es la que me hace mayor fuerza frente a la disyuntiva de mantener o no la pena de muerte. Sin embargo, la forma en que ésta se encuentra regulada en nuestra legislación ofrece suficientes garantías para que dicha aprensión quede virtualmente superada.

En todo caso, analizando el tema en profundidad, también son irreversibles las penas privativas de libertad, ya que nadie puede restituir al afectado los años de prisión, por mucho que ella fuere dejada sin efecto. Se trata obviamente de una irreversibilidad de efectos menos graves que la de una condena de muerte. Puntualizo sólo que la irreversibilidad de un error judicial consumado no es una característica exclusiva de la pena capital.

Otro aspecto de sumo interés estriba en la extendida creencia de que la pena de muerte no permitiría la rehabilitación del condenado.

¿Es realmente correcta dicha afirmación? Una respuesta superficial a esta pregunta conduce fácilmente a validarla. No obstante, una reflexión más honda y meditada del tema lo muestra en su verdadera dimensión, que permite desprender lo contrario.

Me impresionó fuertemente la actitud de dos personas ejecutadas en Calama, en 1982.

Gabriel Hernández y Eduardo Villanueva cometieron un horrendo homicidio contra dos funcionarios del Banco del Estado, crimen perpetrado con especial premeditación y alevosía, para apropiarse del producto de un cuantioso robo.

Estas dos personas, antes de su fusilamiento, entregaron una carta al Obispo de Calama, para que éste la difundiese después de la ejecución. Me permito leer textualmente ese documento: “Querido Monseñor Herrada,

“Queremos dar testimonio a Ud. y a la Santa Iglesia de la felicidad que nos ha brindado la gracia divina, y que estas teas encendidas en el fuego del Dios del Amor sirvan para encender muchas más, por este mundo oscuro y en desamor.

“Dad testimonio de este milagro y manifestad que Dios espera con sus brazos abiertos para sumergirnos a todos en una inmensa misericordia divina.

“Alegraos con nosotros y fortaleced vuestro espíritu. Comprended que no hemos muerto. En verdad, hemos nacido a la verdad y a la eternidad, donde la Santa Trinidad, con María Virgen, nos salen al encuentro. Sed fuertes, comprended el milagro y sepan comprender la divina voluntad. Asumid nuestras obligaciones terrenas y tened siempre presente que velaremos por ustedes, como vosotros lo hacéis con oraciones para con nuestras almas. Alegraos en nuestra fe y comunicad la buena nueva.

“Que Dios los bendiga. Hasta siempre”.

Frente al testimonio transcrito, yo me pregunto: ¿es válido sostener que la pena capital hace imposible la rehabilitación del condenado? Tan impresionante conversión del alma, que la experiencia demuestra que no es excepcional frente a la inminencia de la muerte, ¿no produjo acaso también un bien moral en la sociedad sobre la cual aquel testimonio se irradió? Esa rehabilitación de los condenados y ese beneficio social de su testimonio, ¿no entrañó un bien de envergadura muy superior a la que se busca como ideal a través de las penas privativas y de la más exitosa reeducación carcelaria imaginable?

No faltará quien arguya que, en presencia de una rehabilitación semejante carece de lógica haber privado a esos condenados de su vida. Pero es obvio que tal argumentación no resulta válida, porque aquella conversión probabilísimamente no habría ocurrido sin el impacto y el recogimiento inherentes a ese momento de suprema verdad interior que supone enfrentar la muerte.

Un alto ejemplo mortal que se verifique en un solo día puede tener un significado social muy superior al aporte rutinario o habitual que un preso reeducado realice durante largos años. Lo que un ser humano entrega a la sociedad no se mide sólo por su extensión en el tiempo, sino también –y ante todo – por su intensidad o calidad moral. Así lo han entendido los héroes y los mártires.

Las consideraciones anteriores no presuponen necesariamente determinada fe religiosa del condenado. Poseen validez en el mero plano de la ética natural, como dan cuenta innumerables testimonios registrados al respecto a lo largo de toda la historia.

Convengo, eso sí, que una actitud como la descrita se hace más fácil, a la vez que cobra su dimensión más plena, para quienes consideramos que la vida temporal es una peregrinación hacia la vida eterna.

Para los creyentes, la muerte no es la destrucción de la existencia humana, sino su tránsito hacia una forma superior y diferente. Al despedir a un ser querido, los cristianos proclamamos con especial vigor que la muerte no es el término de la vida del hombre, sino su transformación. Afirmamos que “al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo”.

Aludo a este ángulo del problema porque creo que nos desliza hacia lo que creo más fundamental en este debate, aun independientemente de las creencias religiosas específicas de cada cual.

Nadie puede desconocer que la iniciativa legal que conoció hace algunos días el Senado de la República se enmarca en un movimiento de carácter universal que apunta a abolir la pena de muerte en nombre del derecho a la vida.

Sin embargo, gran parte de los mismos países en que prospera dicho abolicionismo simultáneamente legalizan el aborto. Y quienes impulsan lo uno y lo otro suelen ser los mismos sectores políticos o de opinión. Aunque ésta no sea la realidad prevaleciente hoy en nuestra patria, el carácter tan mundialmente extendido de la conciencia señalada debe movernos a una honda reflexión.

Naciones que aprueban la abolición de la pena de muerte que la autoridad judicial pueda imponer para delitos gravísimos legalizan el asesinato que simples particulares cometen contra millones de seres inocentes e indefensos. ¡Qué contradicción más flagrante! Pero, al mismo tiempo, ¡qué contradicción más reveladora!

En el fondo, ella obedece a una de las crisis más graves de nuestra civilización occidental. Un materialismo práctico, cada vez más generalizado, enfoca toda la existencia humana desprovista de su trascendencia y reducida a su inmanencia. Se mira la vida humana como si ella fuera sólo una expresión síquica y física, ajena a la dimensión espiritual y trascendente del alma.

Por eso, mientras se rechaza con escándalo todo lo que implique horror sensible, se olvidan los principios morales más básicos, cuando se les puede violar sin ese impacto sobre los sentidos. El aborto mata sin que se vea o se sienta ese crimen, en todo lo que implica un asesinato de un ser cuya inocencia está fuera de toda duda posible. He ahí su especial cobardía. Pero he ahí también lo que explica su extendida –aunque monstruosa – aceptación en el mundo actual.

Respeto –aun cuando no lo comparto – el punto de vista de quienes postulan la abolición total de la pena de muerte fundados en sinceras apreciaciones éticas y prácticas. Pero resulta ostensible que la inspiración real del movimiento mundial organizado a favor de tal abolicionismo no responde a los principios morales que invoca, desde el momento en que muchos de sus adalides han favorecido la legalización del aborto, la eutanasia y otros atentados contra la vida cuya legitimidad –a diferencia de la pena capital – no admite controversia posible.

Lo anterior se vincula con un argumento en el plano filosófico –y aun teológico – invocado para pretender negar legitimidad a la pena de muerte.

Se asevera que sólo Dios es dueño de la vida humana. Declaro mi plena concordancia con tal afirmación. Ningún hombre, en su simple carácter de ser humano igual a los demás, puede privar a otro de su vida, salvo que obre en legítima defensa, con la proyección pertinente de este concepto al caso de la guerra justa. Más aún, tampoco un hombre, en su mera condición de tal, podría imponerle a otro una pena privativa de libertad, ni sanción alguna.

Lo que ocurre es que cuando un hombre inviste una autoridad legítima, aplicándola de un modo justo y dentro de su competencia, ejerce una potestad cuyo origen último viene de Dios.

Más allá de las expresiones desfiguradas de ese concepto, con que algunos han pretendido históricamente justificar despotismos arbitrarios, el cristianismo siempre ha enseñado la doctrina luminosamente expuesta por la Biblia, a través de San Pablo, quien afirma que “no hay autoridad sino bajo Dios, y las que hay, han sido establecidas por Dios”. (Rom. 13, 1)

La existencia de autoridades que rijan toda comunidad humana está exigida por la naturaleza del hombre y, por ende, deriva de su Creador. Por ello, el poder legítimo de toda autoridad –cualquiera que sea el nivel o género de ella – en última instancia, proviene de Dios.

Ello presupone que la autoridad respete la ley moral, inscrita en la naturaleza humana y susceptible de ser descubierta también, por quienes no tengan el don de la fe religiosa, a través de su razón, aplicada rectamente a desentrañar lo que constituye, perfecciona o degrada esa naturaleza del hombre.

Obviamente, tratándose de la imposición de penas, ello sólo incumbe a las autoridades estatales competentes, ya que los cuerpos intermedios sólo persiguen finalidades parciales y específicas del ser humano.

Pienso que quienes impugnan la legitimidad de la pena de muerte debieran sopesar el hecho de que el magisterio de la Iglesia jamás la haya condenado, dejando la resolución del problema a la prudencia de los hombres, según las circunstancias propias y evolutivas del bien común.

Asistimos en Chile a un dramático recrudecmiento de la violencia delictual, que también aflige a gran parte del mundo. El terrorismo se cierne como la amenaza más grave sobre las legítimas esperanzas de afianzar una convivencia civilizada. Y sabemos que los grupos terroristas poseen vasos comunicantes hacia la delincuencia común o hacia fenómenos como el narcotráfico.

Soy el primero en admitir y enfatizar que no hay mejor antídoto contra la violencia delictual –sea ésta común o terrorista – que una sólida formación espiritual y moral. He consagrado a ello los principales afanes de mi vida, tanto a través de la docencia como de la actividad política.

No obstante, mis convicciones de hombre de derecho me llevan a sostener que frente al delito es menester actuar con el suficiente rigor legislativo para impedirlo o dificultarlo.

¿Es acaso prudente y oportuno, cuando el terrorismo y otras formas de violencia delictual nos estremecen casi a diario, se prescinda jurídicamente de una pena que reviste innegable valor disuasivo?

¿Por qué y para qué lanzar la equívoca e inoportuna señal pública de aparecer aprobando ahora una abolición absoluta de la pena capital?

Como razón suprema de tal iniciativa legal, se invoca el fortalecimiento del derecho a la vida. Temo que el resultado práctico de ella sería exactamente inverso y contraproducente para tan noble y compartido propósito.

Tras las argumentaciones éticas y jurídicas que he planteado, me guía también un sentimiento humanitario lleno de sensibilidad para defender la vida y los derechos de las personas que sufren –o pueden sufrir – la agresión de la delincuencia común y terrorista.

Estoy convencido de que abolir totalmente la pena de muerte en este momento incentivaría el atentado contra la vida y la seguridad personal de muchos inocentes. Muchas gracias, señor Presidente.



Comentarios finales.


A partir del desarrollo de todas las ideas ya expuestas, podemos concluir lo siguiente:

La pena capital es una realidad en muchas partes del mundo.

Son cada vez más los católicos que piden a la Iglesia la supresión de la misma.

En Chile, la población tiene una opinión muy favorable hacia la pena capital. No obstante, desde 1985 no se aplica y ya ha sido eliminada del Código Penal.

En la Antigüedad era muy frecuente el castigo capital y no fue sino hasta el siglo XVIII que surgió una crítica severa hacia ella.

La Iglesia Católica nunca ha aprobado ni condenado la pena de muerte ni el derecho del Estado a aplicarla; tampoco puede entenderse ajena a la ejecución de semejantes en otras épocas.

Es muy difícil fundamentar en el Nuevo Testamento una opción favorable a la pena capital.

Filósofos, moralistas, teólogos y políticos mantienen una trascendental discusión sobre la pertinencia de la aplicación de la pena de muerte a algunos ciudadanos. Si bien en Chile la discusión parece zanjada por la ley 19734, ella se replica en todos los Estados que aun mantienen vigente la pena de muerte.

Existe una tendencia mundial a condenar la aplicación de la pena de muerte, y ella cobra cada día más fuerza. De esto da cuenta el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”.

En Chile, la aplicación o no del indulto a los condenados a la pena capital estuvo íntimamente ligada con el pensamiento del gobierno en ejercicio, siendo más llanos a indultar los presidentes de signo liberal.

Este tema, como otros tópicos éticos, es transversal a las ideologías; no existe una relación categórica entre una determinada ideología y la inclinación o repudio hacia la pena de muerte.

En el ámbito personal, suscribo en parte la doctrina expresada por el señor Guzmán. Podría haber delitos a los que debiese corresponder proporcionadamente, en razón de su inusitada lesividad, la pena de muerte. También creo que la sociedad tiene derecho a defenderse de los agentes dañosos y estimo que, en cuanto la pena sea justa y proporcionada, ella no vulnera ningún derecho, sino que afecta un derecho de modo lícito y necesario, lo cual es esencialmente diferente. Asimismo, me parecía suficiente resguardo la puntillosa regulación de la pena de muerte en el Código de Procedimiento Penal, hoy derogado, que exigía unanimidad de la sala, entre otros aspectos. Por último, desde una óptica que mira a lo trascendente, parece positiva la rehabilitación espiritual de los condenados, que puede no lograrse con una pena de presidio.

Sin embargo, creo también que la pena de muerte es, al decir de Beccaria, innecesaria, porque no es la existencia del criminal la dañosa sino su accionar, y esas acciones pueden neutralizarse suficientemente con la reclusión.

No acepto el argumento de la ejemplaridad porque me repugna la instrumentalización de la persona bajo todo respecto –en este caso, como “medio” para ejemplificar –, y tampoco confío en el efecto disuasivo de la pena de muerte, desde que en algunos Estados federados de los EEUU, por ejemplo, hay una criminalidad desbocada y ejecuciones cotidianas. Por el contrario, vistas así las cosas, Texas me parece un Estado tan criminal como los delincuentes que sus jueces condenan y ejecutan.

La posibilidad de un error judicial parece insoportable a nuestra conciencia luego de consumado el fusilamiento. Toda pena es irreversible pero la muerte no admite reparación de ninguna clase. Por último, la pena de muerte me parece indeseable, en el sentido de que es la más grave e irreparable de las penas, la más ruda y limítrofe con nuestras concepciones bioéticas.

En efecto, una bioética congruente es aquella que proclama la vida humana como el más alto de los bienes, comprendiendo nuestra naturaleza de criaturas y no de creadores. Una bioética sólida debe censurar todo atentado contra la vida, provengan de particulares o del Estado. Una bioética consistente no trepida en alzar su voz contra el aborto, la eugenesia, la eutanasia, la clonación humana, la tortura, los tratos crueles, vejatorios, inhumanos o degradantes, las mutilaciones o el homicidio. Y la pena de muerte no es otra cosa que un homicidio perpetrado por el poder público.


Bibliografía consultada.


“Bioética”, Tomo I. Tony Misfud, S.J. Ediciones San Pablo, sin fecha.

Discurso de Jaime Guzmán Errázuriz.