Cátedra de Filosofía del Derecho

Friday, October 13, 2006

PELIGRO PARA LA SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD



Mariana Droguett Medel
Filosofía del Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Concepción


INTRODUCCIÓN

Durante la tramitación de un Proceso Penal la libertad es la regla, eventualmente a petición del ministerio publico o del querellante el tribunal podrá decretar la prisión preventiva cuando en el caso concreto de que este conociendo concurran los requisitos que la ley señala.

Para que proceda la prisión preventiva la ley señala distintas causales, una de ellas, la mas controvertida a nivel doctrinal, se refiere al “peligro para la seguridad de la sociedad”.

La ley señala criterios orientadores para el juez, y le señala cuales son las circunstancias que siempre deberá considerar para determinar si procede o no la prisión preventiva fundada en esta causal.

Con todo, se discute, pues se considera este concepto demasiado amplio, ya que en ninguna parte la ley restringe los factores que debe considerar el juez, y por lo tanto este puede llegar por los mas distintos medios a la conclusión de que el imputado es peligroso para la seguridad de la sociedad.

Esta amplitud ha que hacemos referencia, no permite garantizar, que respecto del imputado, se respeten las garantías fundamentales que la constitución establece respecto de todas las personas, tales como la presunción de inocencia, principio rector del procedimiento penal , el debido proceso, la subsidiaridad en la aplicación de una medida cautelar, la libertad personal y la seguridad individual.

Se dice tambien que la amplitud del concepto no permite dar una interpretación restrictiva a la norma contenida en el Código Procesal Penal

Es al tribunal a quien le corresponde, en su tarea de protección de los derechos fundamentales, supervisar la existencia de una motivación suficiente y razonable que entendiendo por esta ultima que al adoptar y mantener esta medida se haya ponderado la concurrencia de todos los extremos que justifican su adopción y que esta ponderación no sea arbitraria.

DE LA PRISION PREVENTIVA

La constitución Política de la republica asegura a todas las personas en su artículo 19, numeral 7º:

“El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual”

En consecuencia:

b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes;

e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez, como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.

La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.

El Código Procesal Penal en el titulo V, párrafo 4º, contiene normas relativas a la prisión preventiva.

Respecto a la procedencia de la prisión preventiva, esta se ordenara solo cuando las demás medidas cautelares personales fueran estimadas insuficientes por el tribunal, por lo tanto, se aplican en subsidio de las otras medidas cautelares personales, así lo prescribe el articulo 139 del código de procedimiento penal, junto con reiterar el mandato constitucional del articulo 19, numeral 3º.

“Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad”.

El artículo 140 del Código Procesal Penal, refiriéndose a los requisitos de procedencia de esta medida, dispone que:

“Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del ministerio público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare;

b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y

c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.

Consideraciones:

- La prisión preventiva debe tener siempre un carácter excepcional así lo pone de manifiesto el artículo 122, del Código Procesal Penal, que señala:

“Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación”.

- Hay que tener presente que las medidas cautelares personales deben interpretarse siempre restrictivamente y no se pueden aplicar por analogía, así lo señala el articulo 5, inciso 2º del Código Procesal Penal, que dice:

“Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía”.

De la Presunción de Inocencia

Resulta necesario en este punto, referirnos en términos generales a la presunción de inocencia, pues se encuentra íntimamente relacionado con la medida cautelar de la prisión preventiva y especialmente tratándose del concepto de “peligro para la seguridad de la sociedad”

La presunción de inocencia es un derecho, que en virtud del mandato constitucional contenido en el articulo 5º, inciso 2º de nuestra Carta Fundamental, queda elevado a rango constitucional en conformidad a lo dispuesto en el articulo 14, párrafo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; articulo 26, párrafo 2º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ; articulo 11, párrafo 1º, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; articulo 8, párrafo 2º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; articulo 6, párrafo 2º, de la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales.

En el mismo sentido la constitución Política del Estado en su artículo 19, número 3º, inciso 6º señala que:
“La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal”

Este derecho encuentra consagración expresa en nuestro ordenamiento en el artículo 4º del Código Procesal Penal que prescribe:

“Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”

Resulta de toda justicia, el que una persona no debe ser considerada culpable y por lo tanto no debe ser privada de sus derechos fundamentales, aquellos inherentes a la persona humana, mientras no exista a su respecto una investigación y un procedimiento racional y justo que culmine con una sentencia condenatoria que este firme y ejecutoriada, que establezca que el imputado debe ser sancionado por el injusto cometido, lo anterior en relación con el derecho consagrado en el articulo 19, numero 3 de nuestra carta fundamental.

Considerando, entonces, que no se ha declarado por los medios que la ley exige, esto es, sentencia condenatoria firme y ejecutoriada, la existencia del hecho punible y la participación culpable del imputado en el, como autor cómplice o encubridor, es que debe tratarse al imputado en todo momento como inocente, la prisión preventiva debe cumplirse de una manera tal que no adquiera las características de una pena, es decir que no pueda constituirse ni utilizarse como una pena anticipada.

“La prisión preventiva procura conjugar ciertos riesgos relevantes para el proceso, y, en su caso, para la ejecución del fallo. Por ello en ningún caso pueden perseguirse fines punitivos o de anticipación de la pena. Debe tenerse presente que quien sufre esta privación de libertad es una persona inocente

La medida en cuestión requerirá entonces cumplir con las notas de jurisdiccionalidad, instrumentalidad y provisionalidad propias de las medidas cautelares y, tratándose de una privación de la libertad, deberá, además, resultar proporcional a los fines que persigue el proceso penal” 1

Peligro para la Seguridad de la Sociedad

La ley señala que la privación de libertad de un imputado procederá en los casos en que concurran los requisitos señalados por el articulo 140 del Código Procesal Penal, es este precepto el que permite mantener en prisión preventiva a un imputado, entre otros motivos, cuando el tribunal estime, fundado en antecedentes calificados, que la libertad del sujeto es un “peligro para la seguridad de la sociedad”

Luego, aclarando conceptos el mismo precepto dispone en su inciso 3º, que:

"Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley; la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla”

Cada una de las situaciones señaladas en este inciso da pautas al juzgador, criterios orientadores que este deberá considerar a la hora de determinar si es procedente o no ordenar la prisión preventiva, basada en la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, estas pautas le permiten dar, un contenido mas preciso a este concepto, pero es evidente que no se trata de circunstancias que por si mismas determinen la procedencia o no procedencia de esta medida, ya que cuando concurra una de ellas, el tribunal analizara la situación, ponderará estas circunstancias y en definitiva cuando resuelva que la medida es procedente lo hará, fundándose, en que la libertad del imputado es peligrosa, para la seguridad de la sociedad.

En este sentido Roberto Falcone refiriéndose a la primera de estas circunstancias precisa que:

“La imposición del encierro cautelar con el solo fundamento de la gravedad de la sanción punitiva desnaturaliza el principio de inocencia y transforma a la citada medida cautelar en un inconstitucional anticipo de pena. 2

La gravedad de la sanción puede constituir uuna pauta que permita apreciar peligrosdidad procesal en el imputado. Sin embargo, no puede ser la unica. El arraigo, la ausencia de antecedentes penales anteriores, la conformación de su núcleo familiar y sus restantes personales deben ser valoradas al momento de resolver la excarcelación del imputado, ya que la libertad es la regla y lo excepcional su denegatoria”.3

En lo referente a la noción de “peligro para la seguridad de la sociedad” en relación con la presunción de inocencia, la doctrina ha criticado esta causal de procedencia de la prisión preventiva, Raúl Castillo se refiere a ello en su artículo titulado “La presunción de inocencia y algunos peligros que le acechan en el nuevo proceso penal” cuando señala:

“El concepto de “seguridad para la sociedad” es notablemente deformador y destructor de la presunción de inocencia, sobre todo si, el legislador, por diversas vías introduce situaciones en que “impone o señala” o “indica” a los jueces que, en tal o cual caso, “existirá” o “puede existir” un peligro para la sociedad o, utiliza expresiones tales como “el juez podrá estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad tomando en consideración alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito, etc.

Si así ocurriese, y los jueces mantuvieran en prisión preventiva a una persona sobre la base de criterios legislativos de represión delictual, fácticamente, se estaría anticipando la aplicación de las penas y, por ende, el resultado final es una prisionización, no contemplada en nuestra carta fundamental, vulnerándose de modo irrefragable la presunción de inocencia (principio que constituye derecho), en aras de las políticas que fijan objetivos sociales colectivos (seguridad de la sociedad), sin clase alguna de estudio empírico-científico que confirme o ratifique el beneficio perseguido con tales criterios legislativos.

El concepto de “peligro para la seguridad de la sociedad” significa la idea de un peligro jurídico para la sociedad, que existe cuando la amenaza o riesgo se proyecta como capaz de infligir al cuerpo social, en forma cierta, un daño y, esto ocurre cuando la contingencia consiste en el incumplimiento de las finalidades fundamentales del proceso.

El concepto de “peligro para la seguridad de la sociedad”, requiere, que exista un peligro jurídico grave, que además, sea concreto, esto es, derivado de la situación especifica del imputado y, nunca abstracto, porque siempre existe el riesgo que aquel, si obtiene su libertad provisional, se sustraiga a sus obligaciones y cargas procesales y, en todo caso, evite el cumplimiento de la pena. 5

Nos parece que asegurar la presencia del imputado en el acto del juicio oral, asegurar la presencia del presunto culpable para la practica de diligencias de prueba e impedir al imputado, destruir o hacer desaparecer efectos, armas o instrumentos del delito, son finalidades absolutamente acordes con los objetivos del proceso y además estrechamente vinculada a el, muy limitada en cuanto a su duración y a sus requisitos, en esto, la doctrina esta conteste.

De acuerdo a lo señalado por Raúl Castillo, es decir, que este peligro para la seguridad de la sociedad, debe ser un peligro jurídico grave, concreto y derivado de la situación especifica del imputado, debe amenazar los fines fundamentales del proceso, como son los descritos en el párrafo anterior , en este caso el juez debería ordenar la prisión preventiva, basado en la causal de que “existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación” y no en la causal de Peligro para la seguridad de la sociedad.6

En el mismo sentido, Cristian riego en su articulo “La Prisión Durante el Proceso Penal en Chile” critica también, la procedencia de la prisión preventiva, basada en esta causal de peligro para la seguridad de la sociedad ya que introduce hechos al proceso enteramente desvinculados de el , nos dice:

"La causal de la necesidad para la seguridad…, necesariamente se traduce en introducir al proceso hechos por entero desvinculados de el, tanto en razón del objeto sobre el que recae el juicio, el comportamiento futuro del sujeto, como en cuanto a los elementos que se toman en cuenta para dicho juicio, sus antecedentes delictivos, su forma de vida, u otros aún menos ciertos como la orientación de su comportamiento, su carácter, etc.

También tiene características distintas esta causal respecto a la limitación de la prisión en el tiempo, en las otras dos causales es posible concebir su vigencias estrictamente apegada a las necesidades que las originan, la prisión solo dura hasta la realización de las diligencias que la justifican, o se prolonga hasta que la victima pueda encontrarse en una situación segura, pero en el caso de la seguridad de la sociedad la prisión necesariamente tendrá un carácter indefinido, mientras se siga estimando que el sujeto es peligroso de acuerdo con los cánones que se apliquen”

Es importante considerar que el peligro para la seguridad de la sociedad no podría fundarse en una condena anterior, a ello se refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como lo señala Roberto Falcone en su articulo “La Prisión Preventiva frente a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la ley Procesal Penal”

“En el informe 12/1996 la Comisión Interamericana con particular referencia a una prisión preventiva que se cumplía como resultado de condenas previas, advirtió que ella vulneraba claramente el principio de inocencia y la finalidad de readaptación social que está llamada a cumplir la pena. Que en dichas circunstancias la decisión de mantenerlo en prisión preventiva habría sido, en esencia una perpetuación del castigo”.

Otro punto que se discute es lo referente a la finalidad que se le atribuye a la prisión preventiva de “prevenir la comisión de nuevos delitos por parte del imputado. En su articulo “Limitaciones a la Libertad Personal” los profesores Héctor Oberg Yañez y Macarena Manso nos dicen que debe entenderse por prisión preventiva;

“La prisión preventiva o prisión provisional es una medida cautelar, de carácter personal, en virtud de la cual se priva a una determinada persona de su libertad individual a fin de augurar su presencia en el acto del juicio oral, impidiendo su huída y garantizando el cumplimiento de la posible condena que le pueda ser impuesta.

Cumple también otras finalidades 1º) prevenir la comisión de nuevos delitos por parte del imputado; 2º) asegurar la presencia del presunto culpable para la practica de diligencias de prueba, 3º) a la vez que se le impide destruir o hacer desaparecer efectos, armas o instrumentos del delito”.9

En esta definición se le atribuye a la prisión preventiva la finalidad de, prevenir la comisión de nuevos delitos por parte del imputado, esto ha sido criticado por algunos ya que esta circunstancia obedece a una política de prevención especial, para lo cual no esta diseñada ninguna medida cautelar personal y menos la prisión preventiva porque aplicarla para que el imputado siga cometiendo delitos implica utilizarla como un medio de combatir la delincuencia y además aplicarla como una pena con un carácter anticipado, atentándose, como ya se explico anteriormente , duramente, contra el principio de inocencia.

Roberto Falcone, en el articulo antes consignado, señala:

“La posibilidad de reiteración de delitos futuros niega la autonomía de conciencia –elección entre el bien y el mal- que corresponde a todo ser humano. Implica que esa persona, probablemente, estadísticamente, esta determinada a delinquir. Esta negación de la autonomía ética desconoce que la peligrosidad como determinación al mal es un dato estadístico que puede asignarse a una cosa , no a una persona. 10No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta tanto el riesgo de reincidencia como la comisión de delitos futuros como motivos de prisión preventiva, pero sujetando dicha causal a una interpretación restrictiva”. 11

JURISPRUDENCIA

A la hora de fallar los tribunales tienen un margen muy amplio pare determinar si un imputado constituye o no un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo el tribunal considerar siempre aquellas circunstancias que el legislador señala en el articulo 140 del Código Procesal Penal.

Aquí, mencionamos algunos ejemplos de lo que han entendido los tribunales como circunstancias que pueden fundamentar la prisión preventiva, ya que consideramos de suma importancia lo que los que los operadores del derecho hagan en la practica, al momento de aplicar determinada norma, esto siguiendo una concepción realista del derecho, que nos dice que el derecho es lo que los operadores del derecho hacen en la practica, luego el derecho se plasma en las resoluciones judiciales.

Los considerándoos transcritos, demuestran que los jueces han estimado que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en distintas circunstancias, algunas de ellas, no comprendidas en la norma.

1.-CORTE SUPREMA 28 de 1bril de 1992, causa Rol Nº 6.714

“A juicio de los sentenciadores, dada la naturaleza, móviles y gravísimas consecuencias de los hechos por los cuales Roberto Bastías Molina está encausado, un robo frustrado con homicidio y un robo con intimidación, su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, obstando la concesión de ese beneficio procesal”.

2.-CORTE SUPREMA 3 de diciembre de 2001, Rol N° 4650-01.
“…y teniendo presente, a su vez, los reprochables antecedentes prontuariales del requerido, de lo cual se infiere que Carlos Manuel Salinas González constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en los términos establecidos en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, se confirma la resolución apelada de veintisiete de noviembre pasado, que se lee a fojas 84”.

3.-CORTE SUPREMA 12 de abril de 1994, Rol Nº 3.288.
en atención a la naturaleza y gravedad del delito atribuido a Mario Antonio Oliveros Salinas -tráfico ilegal de cocaína- que la libertad provisional de dicho procesado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que al aprobar los Ministros recurridos la resolución que le otorgó dicho beneficio, incurrieron en falta que debe ser reparada por este tribunal.

4.-CORTE SUPREMA, 21 de julio 1992, Rol Nº 5.111.
“…en tal oportunidad, la confirmación de la resolución que negaba lugar a la excarcelación del procesado, no siendo prudente decidir lo contrario, puesto que de tales antecedentes era posible fundadamente temer que éste podría eludir la acción de la justicia, constituyendo su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, como lo consideró el juez a quo”

5.-CORTE SUPREMA, 10 de octubre de 1988, Rol N° 8.066
“De los elementos de juicio que obran en el proceso que se tiene a la vista aparece que los antecedentes personales del reo revelan una conducta que constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que al tenor de la letra c) del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal hace inconveniente concederle el beneficio de la libertad provisional, que dicha disposición contempla”.

6.-CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA, 4 de marzo de 2004, Rol Nº 55-2004
“…aun cuando los imputados no tienen antecedentes anteriores, existen antecedentes suficientes para presumir peligro de fuga y además, atendida la gravedad de la pena asignada al delito como la pluralidad de malhechores, constituyen antecedentes suficientes para estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

7.-JUZGADO DE GARANTíA DE ANTOFAGASTA,14 de julio de 2003, RIT Nº 2179-2003, RUC Nº 0300060578-5
“dado que estima el tribunal que no es adecuado hablar, como lo señala el artículo 140, del peligro para la seguridad de la sociedad, porque esa sola mención puede llevar a entender una pena anticipada. Considera el tribunal que conforme a lo señalado en los tratados internacionales que se tienen incorporados a la Constitución, en virtud del artículo 2º inciso 5º, siempre la prisión preventiva tiene como único objetivo asegurar la comparecencia de la imputada a los actos del procedimiento, pero considera que el artículo 145 que fija la caución respectiva, está referido a los supuestos del artículo 141 y no a los del artículo 140 que el tribunal ha citado al respecto”.

Este fallo se muestra a favor de la tesis de no considerar la posibilidad de privar de libertad a alguien por el hecho de constituir un peligro para la sociedad, este debe considerarse como un peligro jurídico y concreto.

8.-CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO ,15 de septiembre de 1993, Rol Nº 36065_93
viene constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad, tanto por el desamparo en que deja a los ciudadanos ante el preciado bien que se pretende proteger, cuanto por el incentivo que de hecho puede acarrear para que otros cometan ilícitos semejantes

CONCLUSIÓN

Ya señalamos que el legislador entrega criterios mínimos que el juzgador debe considerar a la hora de determinar si resulta o no procedente la prisión preventiva. Sin embargo, en su tarea de determinar si un imputado respecto del cual no se ha dictado sentencia condenatoria es o no un peligro para la seguridad de la sociedad, el juez puede considerar cualquiera otra circunstancia que estime conveniente.

Ya hemos destacado lo amplio del concepto de “peligro para la seguridad de la sociedad”, es esta amplitud lo que se critica, pues, por tratarse de una causal, en virtud de la cual se puede ordenar, la privación de un derecho garantizado constitucionalmente, debe interpretarse restrictivamente.

Consideramos evidente, la necesidad de consagrar expresamente lo que debe entenderse por peligro para la seguridad de la sociedad, entendemos que los criterios dados por el legislador son plenamente validos, pero al no estar claramente delimitados pueden dar lugar a la arbitrariedad judicial y esto es contrario a derecho.

Sabemos que la garantía constitucional del articulo 19 numeral 7º no puede ser vulnerada, parcial ni totalmente, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Luego es menester que esas leyes, que deben interpretarse, por cierto, restrictivamente, sean claras y en lo posible no contengan términos cuya amplitud de lugar a controversias en cuanto a su significado.